La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma que tipifica como delito el reclutamiento para actividades criminales y establece penas de prisión para quienes incorporen personas a organizaciones delictivas, con el propósito de cerrar vacíos legales y reforzar la protección a las víctimas.
Con 419 votos a favor, el dictamen modifica la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, buscando sancionar a quienes captan, inducen o reclutan individuos para integrarlos a grupos criminales o involucrarlos en conductas ilícitas.
Según la reforma, los responsables de este delito enfrentarán penas de prisión que van de 10 a 20 años, además de multas que oscilan entre 5 mil y 50 mil días. Si el reclutamiento se realiza mediante amenazas, intimidación, coacción, violencia física o moral, o abuso de autoridad, las sanciones se incrementarán a 15 a 25 años de cárcel, junto con multas de entre 10 mil y 80 mil días.
Un aspecto fundamental es que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes será considerado siempre como forzado, sin importar las circunstancias de su captación, con el fin de fortalecer la protección de los menores frente a las redes criminales.
Además, la reforma establece que las autoridades podrán iniciar investigaciones de oficio sobre estos hechos, sin necesidad de que las víctimas interpongan una denuncia, debido a que muchas personas reclutadas permanecen bajo amenazas, intimidación o control de sus agresores.
Durante el debate, legisladores de diversos partidos coincidieron en la urgencia de combatir el reclutamiento a través de engaños, ofertas falsas de empleo y amenazas, especialmente mediante redes sociales y otros medios de comunicación.
Luego de su aprobación en San Lázaro, la minuta fue enviada al Senado de la República para continuar con el proceso legislativo, por lo que aún debe completarse el trámite correspondiente para que las nuevas disposiciones entren en vigor.
