El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, aceptó que se utilizó fuerza excesiva y que hubo detenciones injustas durante la manifestación que tuvo lugar el domingo 11 de octubre en Guadalajara, donde ciudadanos protestaron por la mala calidad del agua que reciben en sus hogares. El mandatario reconoció que el operativo policial presentó serias deficiencias y que la situación se descontroló.
Después de analizar numerosos videos de los eventos frente a Casa Jalisco, la residencia oficial del gobernador, Lemus admitió que algunos agentes de seguridad cometieron excesos durante la protesta. Asimismo, reconoció que los manifestantes no debieron ser dispersados con chorros de agua ni gas lacrimógeno.
El gobernador informó que todas las personas arrestadas durante la jornada fueron liberadas. Según los informes, se registraron 39 detenciones tras los incidentes, en una manifestación que surgió por el descontento ciudadano ante el suministro de agua turbia, con olores desagradables y supuestas condiciones contaminantes.
Lemus anunció la apertura de una investigación interna para esclarecer los hechos y definir las posibles sanciones para los policías implicados. Este proceso contará con la participación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, con el fin de determinar responsabilidades y asegurar la reparación del daño a las personas afectadas.
El reconocimiento del gobernador se dio tras las críticas generadas por las detenciones y la actuación de las fuerzas de seguridad, así como por las denuncias de familiares, abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos sobre el trato recibido por los manifestantes. El caso también generó presión política para que las autoridades estatales clarificaran lo sucedido.
Además, el gobernador aseguró que los abusos cometidos por agentes policiales no quedarán impunes y afirmó que su administración debe garantizar que hechos similares no se repitan. La investigación deberá precisar el grado de responsabilidad de cada agente señalado.
En medio de la polémica, Lemus también defendió el proyecto del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara y rechazó que la iniciativa implique privatizar el servicio de agua potable, contraer deuda pública o incrementar las tarifas para los usuarios.



