Por Salvador Navarro
En junio de 2027 votaré en una elección federal organizada por un instituto que hoy atraviesa la peor crisis de credibilidad de su historia. En pleno proceso electoral 2026-2027, los señalamientos de presunta corrupción contra Guadalupe Taddei Zavala y su entorno han golpeado a una institución fundamental para la democracia mexicana. Según documentaron Érika Hernández y Rolando Herrera en el periódico Reforma, Jonathan Navarrete Torres, registrado como chofer de la presidenta del INE, figura desde 2023 como apoderado de Corporativo Zeg, empresa proveedora de material electoral; y esa misma empresa y Cajas Graf tuvieron como representante legal a Jesús Octavio García González, a quien Taddei puso al frente de la Dirección de Administración del INE en septiembre de 2025 y quien dejó el cargo en abril de 2026 en medio de denuncias por posible conflicto de interés. La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio sobre las contrataciones del instituto. Así el INE nuestra máxima casa de la democracia en el país.
A mi juicio, la llegada de Taddei respondió a una lógica de captura política de una institución que es patrimonio de las y los mexicanos. El INE contribuyó a construir la todavía corta experiencia democrática de este país, la misma en la que mi generación nació y creció. Era, y sigue siendo, una institución perfectible, con enormes áreas de mejora. Sin embargo, bajo la conducción de Taddei perdió presencia y autoridad pública, mientras crecían los cuestionamientos sobre su independencia y el manejo de sus recursos.
Sería un error suponer que todo comienza y termina con ella porque es necesario investigar a funcionarios, proveedores y a cualquier persona que haya intervenido en decisiones irregulares. El Corporativo Zeg y Cajas Graf, cuyas cuentas fueron bloqueadas en 2023 por la Unidad de Inteligencia Financiera antes de que un amparo las restituyera, tienen que estar en el centro de esa revisión. Hay que determinar si Taddei es apenas la cara visible de un problema más amplio. Su salida no puede convertirse en el cierre de una investigación: darle carpetazo al caso a cambio de una renuncia sería un insulto a la ciudadanía. El país merece saber qué ocurrió, quiénes participaron, quiénes se beneficiaron y qué controles fallaron. Si se acreditan actos de corrupción, deben existir sanciones. La responsabilidad pública no termina cuando se abandona el cargo.
El relevo plantea, además, un desafío inmediato: elegir una nueva presidencia durante un proceso electoral en marcha, con un instituto lastimado por las dudas sobre la imparcialidad de su conducción. Quien asuma encabezará la organización de las elecciones del próximo año. Esa responsabilidad exige independencia, capacidad y credibilidad.
