Querido lector: hoy quiero contarte sobre nuestro Insurgente. Lo llamo así porque conecta Zinacantepec, en el Estado de México, con uno de los puntos neurálgicos de la capital: Observatorio. En aproximadamente una hora une dos valles y puede ahorrar hasta hora y media en comparación con un viaje que dura dos horas y media. Para quienes nacimos en Álvaro Obregón, esos minutos forman parte de nuestra rutina diaria.
Sus casi 58 kilómetros y siete estaciones acercan hogares, escuelas y lugares de trabajo. Observatorio permite continuar en la Línea 1 del Metro, tomar el RTP y otras rutas de transporte público, o llegar a la Terminal Poniente para desplazarse fuera de la ciudad. Santa Fe y Vasco de Quiroga completan una conexión clave para el poniente de la capital.
La magnitud de la ingeniería debe ser valorada: alrededor del 86 % del trayecto está elevado. Viaductos, túneles y un puente atirantado de 515 metros permiten superar desniveles y obstáculos. Sin embargo, la complejidad técnica no explica por sí sola la demora que atravesó tres administraciones federales.
La construcción inició en julio de 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y se anunció que entraría en operación en diciembre de 2017. Andrés Manuel López Obrador inauguró las etapas hacia Lerma y Santa Fe, pero dejó pendiente el tramo a Observatorio. Claudia Sheinbaum puso en marcha el tramo final el 2 de febrero de 2026: once años y siete meses después de comenzar y más de ocho años después de la fecha inicialmente prometida.
El presupuesto también sufrió cambios significativos. La SCT anunció inicialmente 38 mil millones de pesos; el Programa Nacional de Infraestructura contemplaba 38 mil 608 millones. Para 2018, el monto ascendía a 59 mil 216 millones. En la apertura de 2026, el Ejecutivo mencionó cerca de 100 mil millones, mientras que un documento del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de 2025 registraba 140 mil 134.8 millones como inversión total reportada. Son cifras que deben reconciliarse y no confundirse con el gasto realmente erogado.
Los retrasos obedecieron a múltiples factores: derechos de vía sin resolver, desacuerdos con comunidades y ejidatarios, amparos, bloqueos, cambios de trazo y dificultades administrativas. Una investigación académica basada en auditorías de la ASF documentó 64 convenios modificatorios para nueve contratos entre 2014 y 2021. No constituyen por sí solos evidencia de corrupción, pero sí invitan a cuestionar cómo se planificó y supervisó la obra.
En 2024, el gobierno de la Ciudad reconoció que la caída de una lanzadora y problemas sociales alteraron los tiempos previstos hacia Observatorio. Mientras tanto, vecinos como yo hemos vivido cierres, desvíos y vialidades intervenidas: el costo de una obra también se mide en los años que afecta la vida diaria.
Nuestro Insurgente representa una oportunidad de movilidad que vale la pena aprovechar. Reconocerlo no elimina la necesidad de exigir cuentas claras. Una obra pública debe evaluarse por el tiempo que devuelve a las personas, por su seguridad y por la responsabilidad con la que emplea el dinero público. Tras tantas promesas, los vecinos merecemos que conectar territorios también signifique cumplir. La inauguración debe ser el inicio de una etapa de servicio confiable, mantenimiento adecuado y rendición de cuentas transparente.
